Memorias estudiantiles: organización, politicidad y agencia de ayer y de hoy

El 17 de septiembre de 2025, mientras la Cámara de Diputados trataba el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la tercera Marcha Federal Universitaria ocupaba la calle frente al Congreso. La fecha, un día después del 16 de septiembre, invita a poner en relación dos escenas de organización estudiantil separadas por medio siglo. Cada 16 de septiembre se recuerda en nuestro país la escena del terrorismo de Estado conocida como la “Noche de los Lápices”. Ese día de 1976, un grupo de estudiantes de nivel secundario fue secuestrado y asesinado en la ciudad de La Plata por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires.¹ Se encontraban organizados en distintas agrupaciones estudiantiles y políticas y durante 1975 habían sostenido la movilización por el boleto estudiantil secundario, una demanda que finalmente se obtuvo en julio de 1976. Con el tiempo, el episodio se volvió un hito del movimiento estudiantil, tanto por la identificación que generó con esas víctimas jóvenes como por las memorias que circularon con fuerza en escenarios de transmisión, donde destacó el sistema educativo. En 1988, la Legislatura bonaerense estableció el 16 de septiembre como Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.²

Medio siglo más tarde, federaciones y centros de estudiantes universitarios ocupan un lugar central en la agenda educativa al sostener la defensa del presupuesto de las universidades públicas. A un año de aquel rechazo al veto, con la Ley de Financiamiento Universitario todavía sin aplicarse, y ante una nueva conmemoración del 16 de septiembre, nos parece que mirar ambos eventos en conjunto puede ofrecer algunas claves para pensar el lugar de las juventudes organizadas en nuestra historia y en el presente. Entre ambas escenas hay diferencias de nivel educativo y de contexto histórico y político que no buscamos disolver. Aun así, las dos condensan la capacidad de las juventudes de construir tramas organizativas propias y de sostener a través de ellas demandas sobre el mundo educativo, una constante de agencia y politicidad juvenil que atraviesa la historia reciente argentina. A su vez, ambas comparten además una segunda marca, y es que las lecturas producidas desde el mundo adulto tendieron a opacar la potencia de esa acción colectiva.

Una constante histórica

Los estudiantes secundarios que impulsaron el reclamo por el boleto a mediados de los setenta, lo hicieron desde centros de estudiantes y agrupaciones juveniles en un momento de alta politización de las juventudes en Argentina y América Latina. La represión estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar, con sus particularidades y matices a lo largo del territorio nacional, apuntó directamente contra la capacidad de organización y acción colectiva contestataria de esas juventudes, que habían hecho de las escuelas y las universidades espacios de intensa discusión política y proyección de futuros posibles alternativos.

Con la llegada de la democracia, las heridas de la represión perduraron y los efectos de la desarticulación de esa organización política fueron visibles. Sin embargo, sectores juveniles volvieron a ser protagonistas de eventos que dieron cuenta de una capacidad de acción colectiva mitigada pero no clausurada. Durante los noventa, la respuesta a las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem encontró a muchos jóvenes integrando espacios de organización, y en el ámbito educativo la reforma y el ajuste sobre el presupuesto los movilizaron junto a docentes y trabajadores, con tomas de escuelas y facultades, sentadas y cortes de calle.

Décadas más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri, el desfinanciamiento del sistema universitario y la caída del salario docente dieron lugar a un nuevo ciclo de clases públicas, tomas de facultades y una masiva marcha federal educativa. Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, el contenido de sus discursos y las políticas de desfinanciamiento dirigidas al ámbito educativo delinearon un particular foco de conflicto en las universidades nacionales. Las sucesivas marchas federales universitarias reunieron a la comunidad educativa en movilizaciones de escala nacional. La organización estudiantil reaparece cada vez que el acceso a la educación entra en disputa, y esa constante histórica, más allá de sus diferencias en modalidades de expresión y en márgenes de acción, sostiene a lo largo del tiempo la capacidad de las juventudes de producir política en torno a lo que consideran un derecho.

La política negada

El carácter político de las demandas juveniles se dirime en cada coyuntura y constituye, en sí mismo, un objeto de disputa. En la posdictadura, la imagen del adolescente que pedía un boleto más barato se produjo desde adentro del campo de los derechos humanos y cumplió una función productiva y precisa. Frente al marco interpretativo de la guerra presente en el discurso castrense, que asociaba a los jóvenes con el “enemigo interno” y la “subversión”, esa figura hizo enunciable el testimonio y volvió transmisible el episodio en la escuela. El costo de esa operación fue desdibujar la militancia política y social en términos más amplios que envolvía la práctica de estos jóvenes y había hecho posible el reclamo.

En el presente operan otras lógicas discursivas que se orientan a reducir la potencia política de las juventudes. Por un lado, mediante la sospecha, se presenta a los estudiantes movilizados como instrumentos manipulados de intereses ajenos. Por el otro, se traducen las demandas a términos exclusivamente presupuestarios, donde el financiamiento de la educación pública se evalúa como un gasto que compromete el equilibrio de las cuentas. Así, lo que es una decisión política sobre el acceso a la educación se presenta como un problema técnico, desplazado a un terreno donde solo caben argumentos de eficiencia y donde quienes sostienen el reclamo no tendrían nada que aportar.

El adultocentrismo presente en estos discursos se evidencia en la delimitación de los espacios donde los jóvenes pueden o no hacer política. En el pasado, podían pedir por el boleto estudiantil, porque esa era una demanda propiamente juvenil y parte de su rol de estudiantes, pero no resultaba decible que militaran por una patria y un mundo mejor, un asunto reservado al mundo adulto. En el presente, pueden involucrarse en los reclamos por la educación, que la mirada adulta reconoce como su agenda porque les pertenece en tanto universitarios. Lo que no pueden es mezclar otras demandas en esas marchas, porque apenas su acción excede el terreno asignado reaparece la sospecha de que están siendo utilizados. Cambia el modo de despolitizar, pero permanece una dificultad adulta para reconocer a las juventudes como agentes sociales activos. Por el contrario, se ubica a la política juvenil en un lugar individualista.

Esto puede pensarse desde la noción de “juventud negada” que propone Mariana Chaves (2005),³ según la cual las juventudes son construidas socialmente desde la falta, como sujetos en tránsito hacia algo que todavía no son y, por lo tanto, sin capacidad plena de acción propia. Esa negación sostiene tanto la figura del adolescente que únicamente pedía un boleto más barato como la del estudiante llevado por otros a una movilización. En un caso la juventud aparece como inmadurez todavía ajena a la política; en el otro, como disponibilidad para ser usada por quienes sí la ejercen. Las dos versiones ubican la agencia fuera de los propios jóvenes.

Los reclamos asociados al mundo educativo trascienden las demandas por las condiciones materiales de acceso, y en ambos casos, discutir el precio del transporte o el financiamiento de las universidades es discutir quiénes pueden estudiar y bajo qué condiciones. A lo largo de la historia, la demanda material constituye la forma concreta que asume buena parte de la disputa por el derecho a la educación. Leer ambas operaciones juntas muestra que lo que se pone en disputa, en uno y otro momento, es el reconocimiento de las juventudes organizadas como sujetos capaces de producir política.

Cada vez que el derecho a la educación fue puesto en cuestión, los y las jóvenes organizados estuvieron ahí, demostrando que la organización de las juventudes es un aspecto clave de la dinámica de disputa social, que democratiza y reaviva la vida en comunidad. En tiempos en que el mérito individual se presenta como la única vía de realización posible y los proyectos colectivos son puestos en cuestión, recuperar las tramas organizativas que se sostuvieron a lo largo de la historia y prestar atención a las formas que asume la participación política juvenil en la actualidad se vuelve una tarea esencial.